La vaga dels jutges: l'opinió del CGAE

Afegeixo una opinió més: la del Consejo General de la Abogacía Española, presidit per Carlos Carnicer (a la foto), que en la nota que transcric, enviada als mitjans de comunicació, coincideix amb les que he anat penjant en aquest blog.

Cada cop resulta més necessari que tots els implicats en el problema sumin les seves forces per a trobar solucions pel bé dels ciutadans que són, en darrer terme, els que més pateixen l'actual situació de l'Administració de Justícia.

"LA ABOGACIA ESPAÑOLA CONSIDERA IMPROCEDENTE LA HUELGA DE JUECES

El Consejo General de la Abogacía Española considera improcedente la huelga anunciada por jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales.

El Consejo comparte algunas de sus reivindicaciones, pero considera que los problemas de la Justicia son mucho más amplios y profundos, y que la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.

La Abogacía española recuerda la doctrina constante y pacífica del Tribunal Supremo (*) que afirma la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en los supuestos de colisión con otros derechos, incluso de naturaleza también fundamental, como el del derecho a la huelga.

Si alguna manifestación de la Justicia española concita unanimidad de criterio en forma de merecido rechazo es su desesperante e injusta lentitud. Las anunciadas huelgas no harán sino agravar inútilmente el problema que, otra vez más, deberán soportar los ciudadanos.

Es cierto que en el servicio público de Justicia faltan muchos medios materiales y humanos, así como una adecuada gestión, como reiteradísimamente ha venido denunciado la Abogacía y es clamor de toda la sociedad española, pero es preciso reconocer también en el estamento judicial notables carencias de autocrítica, transparencia y espíritu de colaboración con todos los agentes implicados en el sistema de Justicia.

Los abogados, como otros muchos sectores, venimos demandando desde hace décadas más y mejor formación, reformas procesales, aplicación a la Justicia de las mas modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones o la mejora de la gestión y de los espacios judiciales. Pero no solo para los jueces: también para los fiscales, secretarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, peritos, funcionarios en general de la Administración de Justicia. Y sobre todo para los ciudadanos, justiciables o simples colaboradores u observadores del servicio público de Justicia, que no pueden comprender cómo sus derechos, reconocidos unánimemente el día 16 de abril de 2002 por todos los representantes de la soberanía popular en la “Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, todavía, al día de hoy, no han adquirido categoría legal.

Los muy profundos problemas que aquejan a la Justicia española recomiendan acometer de inmediato su regeneración. Entre tanto, solo la voluntad del Gobierno y de todos los partidos políticos plasmada en un muy amplio Pacto de Estado, en cuya aprobación seamos oídos todos los que, de una u otra forma, contribuimos a hacer justicia, podrá acercar las prestaciones de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía.


(*) Entre otras sentencias del Tribunal Supremo, figuran: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, de 21 de diciembre de 200-RJ2000/8020; de la sección Séptima de 21 de marzo de 1996 RJ 1996/2784; de la Sección Séptima de 29 de mayo de 1995 RT 1995/4395; y sentencia de la Sección Novena de 28 de noviembre de 1990 RJ1990/8832. "